Me hacen gracia, es un decir, las proclamas habituales en relación a los funcionarios en el sentido de que no debería haber trabajos de carácter permanente, de alguna forma garantizados de por vida. Me choca especialmente que algún docente se pregunte qué es esto de acceder a un trabajo de duración indefinida o que afirme que la estabilidad del viejo sistema funcionarial es un privilegio injusto, sin sentido hoy en día. El corolario es que todo el mundo debería hacer reset de su posición laboral cada cierto número de años y volver a empezar siguiendo algún tipo de proceso de acreditación o reválida de aptitud docente. [Se me hace imposible no imaginar lo burocrático y corruptible que podría llegar a ser este proceso, excusa perfecta para filtrados ideológicos, nepotismos diversos y reducciones subrepticias de plantillas.]

Soy de la opinión de que si alguien sobra entre los funcionarios docentes (y también entre los no docentes de todas las administraciones, no sólo de la educativa), son los individuos que no cumplen con sus deberes y obligaciones, y que por tanto atentan contra los derechos de las personas teóricamente beneficiarias de su trabajo. Evitar malas prácticas y violaciones de derechos es una exigencia ética y deontológica. No debería haber dudas al respecto. Si en el sistema educativo hay profesores que no realizan correctamente su trabajo, es porque fallan los mecanismos de inspección y control. Posiblemente hayan fallado también los mecanismos de acceso a la profesión. Sea como fuere, sólo puede haber gente incompetente enseñando cuando los instrumentos de supervisión son poco eficaces, tal vez porque operan en un marco normativo y organizativo inadecuado. Esto es lo que se debe solucionar. No hace falta que las administraciones castiguen a maestros y profesores (o a otros funcionarios) por culpa de unos mecanismos de supervisión ineficientes, mecanismos que precisamente, ¡oh paradoja! dependen de estas administraciones. No es necesario realizar más evaluaciones ni promulgar más normas burocráticas y de gestión con el pretexto de asegurar que los docentes (o los profesionales de la salud, o quien sea) hagan bien el trabajo. Raramente una mala praxis se detecta mediante formularios. El incumplidor siempre capea los métodos burocráticos. [Esta obviedad es tan grande que me excuso de haberla escrito.] Las disposiciones en este sentido no hacen más que desvirtuar o hacer más difícil el trabajo de enseñar, y, en consecuencia, la hacen menos provechosa para los alumnos que deben beneficiarse de ella.

Cualquier cambio de estatus de los funcionarios, de las personas que sirven al Estado, debería ser similar para todos los servidores públicos. Definidos unos procedimientos de investigación y unos protocolos de garantías y disciplinarios, deberían aplicarse con cuidado siempre que fuera necesario. Hecha realidad la aplicación sensata y general de los mecanismos de evitación de abusos, no debería ser inconveniente la posibilidad de disfrutar de un trabajo con carácter indefinido y poder revertir en los alumnos todas las ventajas de tal situación. Porque la estabilidad, de la mano de la profesionalidad y de la experiencia crítica, es el mejor instrumento para el ejercicio de la docencia. Me cuestan imaginar los eventuales efectos positivos de una docencia inestable, preocupada de manera existencial e inevitable por complacer a quien tiene el poder de decidir si se podrá seguir trabajando el próximo año. En esto está en juego la esencia del magisterio.

A lo largo de los años he conocido a muchos docentes que han aprovechado extraordinariamente bien la estabilidad mental y personal que proporciona la seguridad funcional y económica del funcionariado para enseñar y dedicarse con intensidad y provecho a su función educativa. Sería suicida pasar por alto que si lo han podido hacer bien (o, hablando en presente, lo están haciendo bien) es porque no se han tenido que preocupar del sueldo del próximo mes, ni de si al final del actual contrato serán capaces de producir los documentos pertinentes y de responder precisamente a lo que quieren ver y escuchar a los acreditadores o examinadores o marca-casillas de los que dependerá su vida.

Si en educación hay incompetentes o vividores (lamentablemente los hay, aunque sea por variabilidad estadística, y he conocido algunos que, en mi opinión, lo eran), que se les detecte y se proceda tal y como corresponda de acuerdo a las normas, porque es inadmisible no respetar el derecho de los alumnos a una buena educación. Aún más inadmisible sería que por culpa de estos docentes los alumnos permanecieran en situación de riesgo. Si quien debe realizar este trabajo de detección y adopción de medidas no lo hace, no tiene excusa. Es él –persona o institución– quien sobra o quien debe replantearse la situación. Para mí, la gran mayoría de los enseñantes, gente que cumple bien, debería poder concentrarse en su trabajo y no ser molestados externamente. Doy por supuesto que esto debe entenderse en el marco de un proyecto de centro riguroso y exigente.

En 1899, cuando el setenta por cierto de españoles no sabían leer ni escribir, el regeneracionista Eduardo Macías Picavea describía la situación de los maestros como “…casi mendigos, desprovistos de todo prestigio e influencia social, desconsiderados por la plebe y maltratados por los cacicuelos…”. Cuando conseguían trabajo en algún sitio inevitablemente era gracias a su sometimiento a las fuerzas vivas locales. Su salario y toda su actuación –su mera existencia como enseñantes– dependía de los detentadores de los poderes económicos, sociales, políticos y religiosos que genéricamente menciona Macías Picavea. [1]

Tres años después de esta publicación, en 1902, el recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes empezó a asumir el pago del flaco sueldo de los maestros, iniciando el proceso de funcionarización que hizo del oficio de maestro una carrera pública. [2] Esta medida, si bien tardía (un siglo respecto a Alemania, todo el siglo XIX perdido), fue una de las acciones más importantes y progresistas nunca adoptadas en la historia de la educación española. No ser nombrado ni depender de los factótum locales, disponer de autoridad conferida por una instancia superior, poder ejercer una razonable libertad de cátedra, tener asegurado de forma indefinida un salario mínimamente digno y disponer por tanto de la posibilidad de concentrarse en el trabajo encomendado, es uno de los grandes haberes del sistema funcionarial.

Trabajar mal y malversar el tiempo de los alumnos es inadmisible. Quien lo hace, no puede ser maestro, funcionario o no. En estos casos, quien tenga que actuar, que actúe, pero que no centrifugue su responsabilidad y cree un problema mayor. El peligro del nepotismo y del clientelismo es enorme. Hemos de aprender de nuestra historia, estamos obligados a ello, y una manera de hacerlo es no perder lo bueno que tiene el sistema funcionarial. Seamos razonables y no vayamos atrás.

Gracias.

Ferran Ruiz Tarragó

@frtarrago

[1] Eduardo Macías Picavea, “El problema nacional. Hechos, causas, remedios”. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid, 1899. Disponible en Internet.

[2] Cita de A. Terrón (1988), recogida de Agustín Escolano Benito “La cultura de la escuela en España en el entorno de 1900”, artículo del libro “Cien años de educación en España”. Fundación BBVA (2001).