La ley federal de educación No Child Left Behind, promulgada en 2002 al comienzo de la era Bush, ya es historia. Los dos grandes partidos del Congreso del Estados Unidos llegaron a un acuerdo y ayer, 10 de diciembre, el presidente Obama firmó una nueva ley, llamada Every Student Succeed Act, que pone fin a una larga década de control de la educación para parte del gobierno federal.

Casi siete años ha tardado la administración Obama en derogar una ley que imponía el objetivo de que en 2014 el 100% de los alumnos consiguieran superar las pruebas correspondientes a su nivel de escolarización. Siete años para abandonar oficialmente un objetivo estadísticamente imposible, convertido en ley por legisladores seguramente bien intencionados pero en buena parte ilusos o arrogantes hacia el ámbito educativo.

Con la No Child Left Behind y su epígono Race to the Top —programa en que Arne Duncan (secretario de educación de Obama que dimite este diciembre) ha gastado miles de millones de dólares— se va una parte considerable del régimen intensivo de pruebas estándar y de imposición del Common Core que han convertido los centros educativos en ollas a presión. El pregonado milagro de que en 2014 —a base de exámenes, de rankings de centros educativos y de sanciones para profesores, directores y escuelas— todos los alumnos serían competentes en matemáticas y lengua ha demostrado ser un espejismo.

Además, la situación ha empeorado. Según la NAEP (the National Assessment of Educational Progress que proporciona indicadores de lengua y matemáticas elaborados a partir de pruebas aplicadas a muestras representativas de alumnos) han bajado los resultados educativos tanto generales como de cada grupo demográfico específico. Estos resultados fueron más altos en la década anterior a la implantación de la No Child Left Behind. En las pruebas PISA tampoco han mejorado los resultados de los alumnos estadounidenses con relación a los de otros países.

La nueva ley revierte el camino de progresiva centralización de las decisiones políticas sobre educación seguido desde la era Reagan. El poder se desplaza de Washington hacia los Estados, los cuales, a pesar de que deberán cumplir determinados requerimientos federales y hacer pruebas anuales de lengua y matemáticas en primaria y al menos una vez en las high-school, serán los responsables de diseñar y aplicar los tests, que a su vez tendrán un peso mucho menor en la evaluación del centro educativo en su conjunto. También corresponderán a los Estados las medidas para supervisar y mejorar sus sistemas educativos.

Con la ley Every Student Succeeds Act, la centralización radical y prepotente que configura la LOMCE recibe moralmente un golpe muy fuerte, porque, dadas las evidencias, el pensamiento de que la inspiró ha sido oficialmente declarado erróneo por el Congreso y la Administración norteamericana. Resumiendo: frenazo y marcha atrás. A escala española, la lectura no es otra que el centralismo educativo, dado que no sólo no es eficaz sino que es contraproducente, debe corregirse de inmediato.

Ferran Ruiz Tarragó

frtarrago@gmail.com

11 diciembre 2015